El vacío institucional que dejó la Guerra Civil española fue llenado conforme al esquema ideológico del bando vencedor, el nacional, al frente del cual se encontraría la figura del que sería el Caudillo: Francisco Franco Bahamonde. El régimen franquista no elaboró una Constitución, sino que a medida que lo requerían las circunstancias se fueron dictando normas de diverso alcance jurídico.
Fue un régimen de anulación de las libertades. El carácter antiliberal y totalitario del régimen fue acentuado por la Ley de Prensa de 1938, mediante la
cual todos los órganos de prensa eran políticamente controlados por el Estado a través de la censura previa y el nombramiento de sus cargos directivos. A su vez, la Ley de Responsabilidades Políticas, de 1939, y la Ley de Seguridad del Estado, de 1941, imponían nuevas represiones a las libertades de los ciudadanos.
Con respecto a la libertad religiosa, esta no se reconoció en ningún momento, ni siquiera en el Fuero de los Españoles, en 1945, en el que se pretendió un intento de apertura frente a las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, se proclamaba nueva y abiertamente la confesionalidad católica del Estado español.
Como ya había ocurrido en tiempos de la Inquisición, el Estado y la Iglesia católica establecieron una estrecha alianza para organizar la censura y poner en práctica las medidas de control de la libertad que más le favorecieran. Así, por ejemplo, la censura franquista –dependiente en un primer momento del Ministerio del Interior, más adelante de la Vicesecretaría de Educación Popular de la Falange, el Ministerio de Educación y finalmente del Ministerio de Información y Turismo- supondría un muro de contención frente a la avalancha de la ideología marxista de la Unión Soviética y de las democracias occidentales. Por el contrario, las ideas procedentes de la Italia mussoliniana y la Alemania nazi parece que fueron muy bien recibidas.
Como ya había ocurrido en otras ocasiones con otros Gobiernos débiles, la censura se convertía una vez más en el medio represor utilizado para despersonalizar a la población y convertirla en una masa uniforme
obligada a pensar lo que el Gobierno quería que pensara.
Fue una censura muy aleatoria, puesto que se prohibían novelas, guiones de obras de teatro, anuncios, crónicas, etc., pero sin ningún tipo de criterios objetivados, salvo el sencillo esquema de que no atacase a la moral, al dogma, la Iglesia católica y, por supuesto, al régimen, a sus instituciones y a las personas que colaborasen con él. Esto, lógicamente, dejaba mucho a la subjetividad y capricho del censor de turno que, a su vez, temiendo lo del alguacil alguacilado, esto es, que fuesen censurados por sus superiores debido a su mano blanda, recortarían más de la cuenta.
Durante muchos años, la Prensa no publicó ni una sola crítica a Franco, por la sencilla razón de que estaba totalmente prohibido. A los periodistas les estaba obligado ofrecer una imagen de absoluta paz en el país; debía dar la impresión de que, tras la expulsión de los comunistas, ya no se cometían delitos en la Nación. Y, para ello, la práctica común fue la omisión: si los periódicos no hablaban de crímenes ni otros delitos, ni de dimisiones políticas, ni de delitos, accidentes, etc., es que no existían. Al igual que se suprimía cualquier noticia referente a un delito, también se tachaba cualquier alusión histórica a la Monarquía, a no ser que fuese para criticarla; así, Juan de Borbón tuvo que sufrir los ataques más feroces de la Prensa española. El mismo fallecimiento del rey fue tratado por la Prensa como una noticia insignificante.
Durante el período 1955-1966 el régimen se aproximó a lo que entendemos por un régimen constitucional. Así, se modernizó la Administración, se liberalizó en cierta manera el régimen de prensa mediante la Ley de Prensa de 1966 y la asociación política mediante la Ley de Asociaciones, en 1964. La Ley de Prensa de 1966, si bien alivió un poco la situación, fue más bien todo un montaje jurídico, ya que si bien suprimió la censura previa –que no fue tal, puesto que establecía el “depósito previo” como medida de control-, la libertad de expresión quedó limitada por el respeto a la verdad y a la moral, al acatamiento a la ley de Principios Fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y de la paz exterior y, naturalmente, el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y admin
istrativa.
Con la decadencia del régimen de Franco Bahamonde, los derechos y libertades fueron evolucionando a medida que lo hacía la sociedad española, si bien mantuvo como eventual aparato represaliador todo el caduco arsenal jurídico que el franquismo había ido acumulando desde sus orígenes.
La solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea fue un motivo más para una apertura y modernización del régimen, que se llevaría a cabo durante la crisis del régimen, en el período de 1967 a 1975. Mas este proceso de modernización puesto en marcha por el propio régimen se volvería en su contra, ya que llegó un momento en que las libertades se salieron del cauce marcado por el totalitarismo. Franco murió en noviembre de 1975, y, con él, su dictadura.
Fue un régimen de anulación de las libertades. El carácter antiliberal y totalitario del régimen fue acentuado por la Ley de Prensa de 1938, mediante la
cual todos los órganos de prensa eran políticamente controlados por el Estado a través de la censura previa y el nombramiento de sus cargos directivos. A su vez, la Ley de Responsabilidades Políticas, de 1939, y la Ley de Seguridad del Estado, de 1941, imponían nuevas represiones a las libertades de los ciudadanos.Con respecto a la libertad religiosa, esta no se reconoció en ningún momento, ni siquiera en el Fuero de los Españoles, en 1945, en el que se pretendió un intento de apertura frente a las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, se proclamaba nueva y abiertamente la confesionalidad católica del Estado español.
Como ya había ocurrido en tiempos de la Inquisición, el Estado y la Iglesia católica establecieron una estrecha alianza para organizar la censura y poner en práctica las medidas de control de la libertad que más le favorecieran. Así, por ejemplo, la censura franquista –dependiente en un primer momento del Ministerio del Interior, más adelante de la Vicesecretaría de Educación Popular de la Falange, el Ministerio de Educación y finalmente del Ministerio de Información y Turismo- supondría un muro de contención frente a la avalancha de la ideología marxista de la Unión Soviética y de las democracias occidentales. Por el contrario, las ideas procedentes de la Italia mussoliniana y la Alemania nazi parece que fueron muy bien recibidas.
Como ya había ocurrido en otras ocasiones con otros Gobiernos débiles, la censura se convertía una vez más en el medio represor utilizado para despersonalizar a la población y convertirla en una masa uniforme
obligada a pensar lo que el Gobierno quería que pensara.Fue una censura muy aleatoria, puesto que se prohibían novelas, guiones de obras de teatro, anuncios, crónicas, etc., pero sin ningún tipo de criterios objetivados, salvo el sencillo esquema de que no atacase a la moral, al dogma, la Iglesia católica y, por supuesto, al régimen, a sus instituciones y a las personas que colaborasen con él. Esto, lógicamente, dejaba mucho a la subjetividad y capricho del censor de turno que, a su vez, temiendo lo del alguacil alguacilado, esto es, que fuesen censurados por sus superiores debido a su mano blanda, recortarían más de la cuenta.
Durante muchos años, la Prensa no publicó ni una sola crítica a Franco, por la sencilla razón de que estaba totalmente prohibido. A los periodistas les estaba obligado ofrecer una imagen de absoluta paz en el país; debía dar la impresión de que, tras la expulsión de los comunistas, ya no se cometían delitos en la Nación. Y, para ello, la práctica común fue la omisión: si los periódicos no hablaban de crímenes ni otros delitos, ni de dimisiones políticas, ni de delitos, accidentes, etc., es que no existían. Al igual que se suprimía cualquier noticia referente a un delito, también se tachaba cualquier alusión histórica a la Monarquía, a no ser que fuese para criticarla; así, Juan de Borbón tuvo que sufrir los ataques más feroces de la Prensa española. El mismo fallecimiento del rey fue tratado por la Prensa como una noticia insignificante.
Durante el período 1955-1966 el régimen se aproximó a lo que entendemos por un régimen constitucional. Así, se modernizó la Administración, se liberalizó en cierta manera el régimen de prensa mediante la Ley de Prensa de 1966 y la asociación política mediante la Ley de Asociaciones, en 1964. La Ley de Prensa de 1966, si bien alivió un poco la situación, fue más bien todo un montaje jurídico, ya que si bien suprimió la censura previa –que no fue tal, puesto que establecía el “depósito previo” como medida de control-, la libertad de expresión quedó limitada por el respeto a la verdad y a la moral, al acatamiento a la ley de Principios Fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y de la paz exterior y, naturalmente, el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y admin
istrativa.Con la decadencia del régimen de Franco Bahamonde, los derechos y libertades fueron evolucionando a medida que lo hacía la sociedad española, si bien mantuvo como eventual aparato represaliador todo el caduco arsenal jurídico que el franquismo había ido acumulando desde sus orígenes.
La solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea fue un motivo más para una apertura y modernización del régimen, que se llevaría a cabo durante la crisis del régimen, en el período de 1967 a 1975. Mas este proceso de modernización puesto en marcha por el propio régimen se volvería en su contra, ya que llegó un momento en que las libertades se salieron del cauce marcado por el totalitarismo. Franco murió en noviembre de 1975, y, con él, su dictadura.
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